Esta institución admitió a trámite el pasado 17 de enero una queja formulada por el grupo socialista, sobre la posible vulneración de los derechos a la intimidad y a la confidencialidad de los usuarios de los Servicios Sociales por parte de los actuales responsables municipales, y a la luz de los hechos y las pruebas ha resuelto que el actual equipo de gobierno andalucista ha incurrido en una mala praxis y no ha respetado dichos derechos.

El grupo municipal socialista denuncia, no obstante, que, a pesar de dicha resolución, “el equipo de gobierno se mantiene en sus trece y reincide en sus prácticas indignas y censurables”, advirtiendo que volverá a ponerlo en conocimiento de dicha oficina.

“Lamentablemente, el equipo de gobierno que preside el señor Romero ha venido conculcando reiteradamente el derecho a la intimidad y la confidencialidad de los usuarios de los Servicios Sociales, a los que exponen públicamente en fotos y vídeos, con fines espurios, cada vez que se llevan a cabo actos de entrega de ayudas económicas a personas en riesgo de exclusión social, con una actitud que resulta indignante e inaceptable”, señalan desde el PSOE.

“Estas ayudas se vienen gestionando a través de los Servicios Sociales Comunitarios prácticamente desde la creación de estos, aunque siempre se había respetado la confidencialidad de los usuarios y las entregas de las ayudas se efectuaba de manera discreta y profesional. Sin embargo, desde la llegada a la alcaldía del partido andalucista, se publicita obscenamente cada ayuda que se entrega, en actos que se utilizan para lucimiento personal del alcalde o el concejal de turno y en los que se somete a humillación a los beneficiarios de las mismas, cosa que no podemos ni debemos permitir”, explican desde el principal partido de la oposición.

“Nosotros pusimos en conocimiento del Defensor del Pueblo Andaluz estos hechos para que tomara cartas en el asunto y adoptara las medidas oportunas, convencidos de que con este tipo de comportamientos los actuales responsables municipales podrían estar vulnerando derechos individuales contemplados en el artículo 18.1 de la Constitución Española y en el articulado de la recién aprobada Ley de Servicios Sociales de Andalucía. Afortunadamente, a pesar de las trabas puestas desde el Ayuntamiento, la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz ha podido llevar a cabo su trabajo, aunque su resolución no haya sido acatada ni respetada como debieran por el alcalde y sus compañeros de filas hasta el momento”, afirman los socialistas.

“La legislación es clara al respecto. Las personas deben tener garantizado el acceso universal a los Servicios Sociales en condiciones de igualdad, equidad, dignidad y privacidad. Y resulta bastante evidente que entregar cheques en el salón de plenos, difundiendo el evento mediante noticias de prensa y televisión, así como vídeos a través de Youtube, con imágenes de los usuarios de estos servicios y con detalles sobre los tipos y los motivos de las prestaciones que perciben, supone no solo una infracción de la legalidad, sino toda una intolerable falta de respeto a estos ciudadanos”, recalcan desde el PSOE.