"Uno de los principales problemas que surgen al privatizar un servicio es que se pierde gran parte del control sobre él", explica Oliva, "ya que el trabajo diario corre a cargo de la empresa concesionaria.

Por eso se hace muy importante fiscalizar servicios como la limpieza viaria o el mantenimiento de las zonas verdes del municipio, para asegurar que se cumplen los contratos y que la empresa cuenta con todos los medios materiales y humanos necesarios para ofrecer un servicio de calidad".

En ese sentido, la formación morada ha presentado una serie de mociones para ejercer la fiscalización y el control sobre los servicios privatizados de limpieza viaria y del mantenimiento de las zonas verdes en el municipio. "Desde el día que se hicieron la foto con los camiones de limpieza no hemos vuelto a saber nada más", se lamenta Oliva, "si están cumpliendo adecuadamente, si han contratado a todo el personal que dice el pliego o si el equipo de gobierno está realizando los controles pertinentes sobre las empresas Valoriza, OHL y Raga".

Además, Oliva ha señalado que han observado zonas del municipio que siguen prácticamente igual de sucias que antes del nuevo contrato, por lo que considera fundamental garantizar que se están cumpliendo las condiciones del pliego de prescripciones técnicas. 

En este sentido, ha expresado su preocupación por una de las empresas concesionarias, OHL, que ha anunciado pérdidas y planea compensarlas vendiendo algunas de sus filiales, entre ellas Ingesan, que actualmente presta el servicio de Ayuda a Domicilio. Ante esto, Oliva explica que "ese es otro de los problemas de privatizar servicios, que nuestros derechos se convierten en un negocio con el que mercadean las grandes corporaciones".

"También queremos asegurarnos de que las empresas adjudicatarias están manteniendo las condiciones laborales del personal subrogado, algo que está recogido en los pliegos de condiciones técnicas", continúa el candidato, "y si cuentan con los planes de formación necesarios en materia de medio ambiente. 

Por último, nos interesa especialmente el cumplimiento de las cláusulas sociales, en lo que respecta a la contratación de mujeres víctimas de violencia de género, personas con discapacidad, personas refugiadas o personas que no puedan acceder a la renta mínima de inserción".