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Además, para CSIF es “indignante” que la plantilla se haya visto obligada a recurrir a la vía judicial para reclamar de nuevo el pago de los pluses de toxicidad, después de que este derecho fuera reconocido por sentencia judicial. Los trabajadores, según recuerda esta sección sindical, consiguieron en los tribunales que se les abonara este plus (y que la empresa fue pagando poco a poco). Sin embargo, tras la publicación de la sentencia, Campusport ha vuelto a denegar el abono de este plus, por lo que los afectados no tienen otra opción que volver a denunciar y esperar a que se pronuncien otra vez los tribunales para cobrar lo que les corresponde.
“Ya no es solo el daño económico de estos impagos, sino el daño moral que se les inflige con este tipo de maniobras por parte de la empresa”, apuntan desde CSIF.
Con todo esto, CSIF exige al Ayuntamiento de San Fernando que fiscalice la labor de esta concesionaria, y que se paga con dinero público para ofrecer un servicio a la ciudadanía, y que vele por los derechos de los trabajadores.
El Gobierno municipal está informado de estos problemas que sufren los empleados de Campusport (de hecho fue codemandado en su día, a través del Patronato de Deportes, por permitir esta situación), por lo que CSIF espera que interceda y obligue a la empresa a cumplir con el convenio colectivo en vigor y los pluses recogidos en él.