Manifiestan que tenían entendido erradicado el “sistema” retrógrada de represalias, pero que en éste caso de la negativa a la escolarización en un colegio en marzo a una menor en Tarifa evidencia lo contrario.

Opinan que hay que ser muy corto de vista o sumamente ingenuo el no querer ver que éstas actuaciones contra ética, moral y ley no se encuentran relacionadas con el ejercicio de una actividad sindical en defensa de derechos de trabajadores y trabajadoras en el ámbito educativo por parte del padre de la menor.

El no aplicar la ley, demuestra que no queda otra posibilidad de interpretación y es por ello que piden la intervención inmediata del ente superior, la Consejería de Educación y Deporte en Sevilla ya que lo que se está consiguiendo es dañar la psique de una menor.

La otra cara de la moneda es, la solidaridad del resto de padres, vecinos y otros en Tarifa que apoyan a la familia que está viviendo este mal trago innecesario, ya que por un accidente se han tenido que escolarizar por un tiempo fuera de su ámbito natural.

La ley Orgánica 3/2020 señala que se “ autorizarán un incremento de hasta un diez por ciento del número máximo de alumnos y alumnas por aula en los centros públicos y privados concertados, bien para atender necesidades inmediatas de escolarización del alumnado de incorporación tardía, bien por necesidades que vengan motivadas por traslado de la unidad familiar en período de escolarización extraordinaria debido a la movilidad forzosa de cualquiera de los padres, madres o tutores legales, o debido al inicio de una medida de acogimiento familiar en el alumno o la alumna,”, pero ésto se está vulnerando.

La portavoz de “Verdes de Europa” - Tarifa Rosmarie Hennecke manifiesta que es sabido que el bienestar de niñas, niños y adolescentes ya se encuentra afectado por los cierres de los establecimientos educativos a causa de la pandemia y, si a esto le agregamos que en este caso particular existió un cambio forzoso de domicilio, denegar volver a una menor a su entorno habitual y a una rutina cotidiana es contra el buen desarrollo de todo menor. Que una actitud con falta de objetividad, imparcialidad e ilegalidad provenga del ámbito educativo responsable de otorgar prioridad a una planificación pedagógica priorizando el Interés Superior del niño es completamente incomprensible y debería escandalizar a cualquiera que pueda enfrentarse a una situación similar”.

El grupo político “verde” solicita igualmente la intervención de la Consejería de Igualdad y Bienestar Social de Andalucía para evitar que se sigan produciendo este tipo de incidentes injustificados y que se dé un enfoque sano de los derechos de la Infancia, ya que las administraciones públicas en Andalucía deben actuar de forma coordinada en aras de garantizar el adecuado ejercicio de los derechos de los menores, fomentando la colaboración con el resto de las Administraciones Públicas.