El panorama con el que nos encontramos en la Educación Pública andaluza nos es tristemente familiar: carencias de todo tipo, enormes recortes en la ya exigua contratación de docentes respecto al curso pasado, cierre de cientos de aulas públicas, ratios elevadísimas e incluso ilegales que imposibilitan el mantenimiento de la distancia de seguridad y una atención educativa de calidad, centros educativos con aulas, e infraestructuras en general, que suponen un riesgo para la salud y la calidad de la enseñanza (caracolas, desperfectos, temperaturas extremas, amianto...)

Una Ley de Bioclimatización que sigue sin ejecutarse a pesar de que contempla medidas para mejorar la calidad del aire interior de las aulas -que se ha hecho imprescindible en tiempos de pandemia- y a pesar de ser una herramienta de respuesta a la emergencia climática amén de mejorar el confort térmico en las aulas y patios escolares.

De igual forma, nos encontramos ante un abandono absoluto al alumnado de Educación Especial, degradación de las etapas de Educación Infantil y Educación Primaria, así como a sus profesionales, una Ley de Formación Profesional que deja parte de la formación del alumnado en manos de las empresas y que no para el proceso de privatización que se está produciendo en todos los niveles educativos. En cuanto al profesorado interino, la inminente aprobación del proyecto de ley que tiene su origen en el Real Decreto-Ley 14/2021 de medidas contra la temporalidad, constituye la amenaza de pérdida de trabajo de 20.000 docentes andaluces.

Esta insostenible e inadmisible situación, que desemboca en la degradación del sistema de enseñanza aprendizaje, tiene unos responsables claros a los que conviene señalar y reclamar medidas urgentes: Javier Imbroda, el consejero de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, y Pilar Alegría, ministra de Educación y Formación Profesional del Gobierno de España.

Lejos de buscar soluciones y tener en cuenta lo que en la comunidad educativa es un clamor, las actuaciones de ambos han ido en la misma línea de sus predecesores: evasión de responsabilidades bajo tácticas de marketing comunicativo carentes de contenido, desmantelamiento paulatino y constante de la Educación Pública, ninguneo a los colectivos y sindicatos combativos, privatizaciones y refuerzo de los privilegios a la enseñanza privada concertada, la cual conviene recordar que nació como temporal y subsidiaria de la pública y se sostiene con fondos públicos.

 Es por ello que hacemos una llamada a la unidad de acción de todos los colectivos, sectores de la comunidad educativa, sindicatos y personas defensoras de la Escuela Pública para construir entre todas y todos un calendario común de movilizaciones en toda Andalucía que ponga sobre lamesa la inmediata puesta en marcha de las siguientes medidas, las cuales ya fueron protagonistas en la concentración del pasado 1 de septiembre junto al Parlamento de Andalucía:

- Aumento de la inversión en la Educación Pública al 7% del PIB.

- Bajada de ratio en todos los niveles y etapas educativas para mejorar la atención al alumnado y hacer de las aulas espacios seguros.

- Contratación de docentes y personal laboral que permita dicha bajadade ratio y una atención a la diversidad individualizada adaptada a cada alumno y alumna.

- Establecer condiciones laborales dignas y contrataciones suficientes para el personal administrativo, de limpieza y servicios, colectivos imprescindibles para asegurar higiene, coordinación y funcionamiento de los centros, que deben ser diarias y continuas.

- Recursos que se adapten a las necesidades del alumnado (no al revés), y normativa actualizada y concreta que proteja los derechos del alumnado de Educación Especial o con necesidades específicas de apoyo educativo sea cual sea su etiología.

- Reducir el abuso sistemático del Art 3.3 RD 1594/2011 que permite de modo excepcional, realizar un 2x1 en contrataciones de docentes de Educación Primaria.

- Incremento del número de orientadores/as educativos.

- Contratación y reconocimiento de mediadores comunicativos para el desempeño de sus funciones dentro del equipo multidisciplinar.

- Paralización inmediata del cierre de aulas públicas, restauración de las mismas y plan para la construcción de nuevos centros educativos públicos.

- Acometimiento de todas las mejoras de infraestructuras necesarias.

- Revisión de los textos sobre memoria histórica, silenciada por la Dictadura y la Transición.

- Laicidad en los centros públicos (en los que el profesorado dependa de un organismo público y no privado).

- Aplicación con carácter de urgencia de la Ley de Bioclimatización.

- Cambio del modelo de gestión de los comedores escolares, sustituyendo el cátering de línea fría en manos de empresas privadas porcocinas in situ de gestión 100% pública, donde prime la calidad de la alimentación de nuestros y nuestras escolares, el comercio de proximidad, el desarrollo local y la sostenibilidad por encima del beneficio de las empresas adjudicatarias.

- Plan de estabilidad del personal interino, cuya precariedad laboral va a verse incrementada con la modificación del TREBEP, que garantice su puesto de trabajo hasta la consecución de la plaza de funcionario. ¡Quienes están, se quedan!

- Paralización de la Ley de FP, mejorando el modelo actual con recursos suficientes para los centros públicos, de manera que la Formación Profesional sea mejora de la empleabilidad y el desarrollo de los y las profesionales conforme al requerimiento de los distintos ámbitos laborales, en este caso el educativo.

La lucha por una Educación Pública no puede demorarse ni un segundo más. Su futuro y el de nuestra sociedad dependen de ello.