El sindicato CGT ha tenido conocimiento del recorte, por parte del Servicio de Planificación y Escolarización de la Delegación, de dos unidades en institutos públicos de educación secundaria, a pesar de contar con alumnado suficiente para el mantenimiento de éstas, y de la imposición de ratios ilegales en tres cursos de educación secundaria obligatoria.

En el IES Rafael Alberti, situado en la Barriada de la Paz, el Servicio de Planificación y Escolarización ha eliminado una de las dos líneas que existían hasta el curso pasado en 1º ESO, dejando un solo grupo con 34 alumnos cuando la normativa prohíbe sobrepasar los 30 alumnos por clase.

Esta supresión es más lamentable aún si se tiene en cuenta que, además de los 34 alumnos adscritos que han sido aceptados, hay una lista de espera de 9 niños y niñas cuyas familias habían elegido este centro público para que sus hijos cursaran sus estudios de secundaria. El incumplimiento de las ratios legales y la masificación en las aulas también afecta a la zona de intramuros donde el IES Cornelio Balbo ha visto cómo se elimina una de las cuatro líneas que tenía en 2º de ESO el curso 2020-2021 y se le conceden únicamente tres unidades para 94 alumnos, 4 por encima de la ley. En 4º ESO, la administración también infringe su propia normativa y mantiene 3 grupos para 94 alumnos.

 CGT advierte que el artículo 157 de la LOMCE, establece que le corresponde a las Administraciones educativas proveer los recursos necesarios para garantizar, en el proceso de aplicación de la presente ley: a) Un número máximo de alumnos por aula, que en la enseñanza obligatoria será de 25 para la Educación Primaria y de 30 para le ESO.

Y así queda recogido, en el artículo 5 del Decreto 21/2020 por el que se regulan los criterios y el procedimiento de admisión del alumnado. Igualmente, en el artículo 87 de la reseñada ley, se explicita, negro sobre blanco, que se podrá autorizar un incremento de hasta un 10% del número máximo de alumnos y alumnas, en una serie de circunstancias muy concretas. Cuestión también recogida en el artículo 5, apartado 2, del mencionado Decreto 21/2020:

“La Consejería competente en materia de educación, en caso de ausencia de vacantes en los centros públicos y privados concertados de las áreas de influencias a las que se refiere el artículo 4.5, podrá autorizar un incremento de hasta un diez por ciento del número máximo de alumnos y alumnas por unidad escolar respecto de lo dispuesto en el apartado anterior, bien para atender necesidades inmediatas de escolarización del alumnado de incorporación tardía, bien por necesidades que vengan motivadas por el traslado de la unidad familiar en el periodo de escolarización extraordinaria, debido a la movilidad forzosa de cualquiera de los padres, madres, tutores o guardadores o debido al inicio de una medida de acogimiento familiar en el alumno o alumna.”

Por otra parte, según CGT, la masificación en las aulas impuesta por la Delegación Territorial de Educación y Deporte no solo atenta contra la calidad de la enseñanza, sino que, en situación de pandemia, supone un grave riesgo sanitario para el alumnado y los docentes ya que hace imposible guardar la distancia interpersonal de 1.2 metros y dificulta el cumplimiento de las medidas higiénico-sanitarias. A diferencia del curso pasado, este año todas las clases serán presenciales y el descenso del número de alumnos por aula supone la primera de las medidas de prevención que debe ser respetada. A este respecto, CGT denuncia la opacidad, improvisación y regateo de la administración en la adjudicación del profesorado de refuerzo covid que en ocasiones va a ser utilizado como profesorado de plantilla y no para atender las necesidades sobrevenidas del sistema educativo.

CGT considera que, con estos recortes, la Delegación Territorial de Educación y Deporte persiste en su intento de eliminar plazas en la educación pública y de potenciar la privada-concertada. Procede así incluso en centros que no se han visto afectados por la bajada de la natalidad y que han sido elegidos tanto por las familias de los centros adscritos, como por otras familias que tienen aún a sus hijos en lista de espera. Resulta evidente que para la administración educativa solo existe la libertad de elección cuando las familias se decantan por la privada-concertada.

Desde el sindicato CGT, exigimos al Delegado Territorial de Educación y Deporte en Cádiz, D. Miguel Andréu Estaún, y al Jefe de Servicio de Planificación y Escolarización, D. Joaquín Mateo Muñoz, una inmediata rectificación que asegure tanto la continuidad de las unidades de ESO que había el curso pasado, como el cumplimiento de ratios legales en los institutos públicos Rafael Alberti y Cornelio Balbo. En caso contrario, este sindicato llama a la comunidad educativa de los centros públicos afectados, así como a toda la ciudadanía, a iniciar movilizaciones. En un primer momento, animamos a comunicar a este sindicato cualquier ratio ilegal que detecten (más de 25 alumnos en primaria, de 30 en secundaria y de 35 en bachillerato) para proceder a su denuncia. Además, llamamos a la participación en la concentración convocada por Marea Verde Cádiz en defensa de la educación pública el sábado 25 de septiembre, a las 12 horas, en la Plaza de Mina.