El Decreto de mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la actividad productiva, que por la vía de urgencia y amparándose en el ya visible impacto económico de la pandemia del coronavirus —y del Brexit— modifica 21 leyes, 6 decretos y otras 10 normas legales andaluzas, derogando total o parcialmente algunas de ellas y eliminando trámites, permisos o estudios necesarios en sectores como el urbanismo, el turismo o la protección del Medio Ambiente y que puede ser utilizado por parte del Gobierno de Moreno Bonilla para urbanizar de forma desmedida el litoral de Tarifa, entre otras actuaciones sin control.  

La Junta, con este decreto, usurpa las competencias municipales y puede obligar a cambiar los Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU) a los ayuntamientos y forzar a que se aprueben determinados proyectos.

Para los manifestantes y sus organizaciones, la comarca tiene grandes retos medioambientales que resolver con respecto a la lucha contra La Seca del Alcornocal, la invasión del alga asiática, la contaminación de la industria petroquímica o la pérdida del litoral. La Junta debe ponerse, de forma urgente, a resolver todos estos graves asuntos y empezar a diseñar un plan de transformación del tejido productivo de la comarca y una estrategia de transición justa a un nuevo modelo