El pasado mes de julio convocaron a los medios de comunicación para informar del incremento del gasto social durante el primer semestre de 2020, cuantificando el gasto total en 700.000€ para ayudar a 5000 familias desfavorecidas; siendo el gasto en el mismo periodo de 2019 de 100.000€.

Datos que demuestran por si sólos que la ayuda ofrecida por el ayuntamiento es más que insuficiente ya que sale a una medida de 140€ por familia en el global del semestre. Si sólo tuviéramos en cuenta los meses de la pandemia, de marzo a junio, y no contabilizáramos ni enero y febrero, saldría a 35€ mensuales por familia. ¿Qué familia puede vivir con ese dinero al mes?

Ahí no queda todo, la semana pasada el alcalde y la delegada de Hacienda no se pusieron de acuerdo con los datos aportados. El alcalde habló de que durante los meses transcurridos de la pandemia había aumentado en 1.700 el número de familias atendidas por asuntos sociales, que el gasto del primer semestre era de 900.000€ y la cuantía en el mismo periodo de 2019 fue de 70.000€. Saldría una media de 45€ mensuales, cantidad todavía insuficiente. ¿Qué nos creemos ahora?

Pocos días después, la delegada de Hacienda lo remata diciendo que el ayuntamiento de Algeciras había gastado en ayudas 30 millones de euros durante los meses transcurridos de 2020; de 700.000 a 900.000 y finalmente 30 millones, ya no hay quién se crea al gobierno local. Suena todo a cortina de humo y campaña propagandística realizada en el último momento para callar las críticas recibidas.

Urge, más que nunca, realizar una auditoría de la gestión realizada durante los primeros meses de la pandemia, cuantificando las cantidades aportadas e identificando el criterio de selección utilizado para realizar el abono tanto a particulares como a colectivos sociales. Además de marcar unas directrices claras para que no vuelva a ocurrir este descontrol organizativo.