El nombre de José González Couto no figura en la documentación que manejan los investigadores del foro, cosa que es normal, como bien saben los historiadores y familiares de las víctimas.

En la época del terror caliente, entre julio del 36 y marzo del 37, en la que los golpistas no hacían juicios ni registraban por escrito las órdenes de matar, los fusilamientos fueron tantos que para saber la cifra exacta de los muertos hay que multiplicar por tres la conseguida por registros documentales.

El foro elaboró en 2012, en base a las investigaciones realizadas en los registros civiles, los archivos municipales y los archivos militares de diferentes lugares de España, una relación que incluye a 178 personas, en su mayoría asesinadas en Algeciras, y también a algecireños fusilados en otros puntos de Cádiz y Andalucía. Por eso, haciendo caso a las recomendaciones de los historiadores, podemos calcular que en Algeciras los fascistas asesinaron a sangre fría a más de 300 personas.

El foro espera y desea que las autoridades competentes promuevan las tareas necesarias para localizar las fosas comunes donde están los restos de los fusilados en esta ciudad, hacer las prospecciones necesarias y, en el caso de que san positivas, exhumar los cadáveres que se encuentren para su posterior identificación mediante los análisis comparativos de su ADN con el de sus descendientes.

Las peticiones de los tres ciudadanos están amparadas por la legislación vigente. La Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, de 28 de marzo de 2017, su artículo 9, sobre el procedimiento para actividades de localización, exhumación e identificación de restos de las víctimas del fascismo, se dice que este procedimiento se incoará de oficio por la Consejería competente en materia de memoria democrática; a instancia de las entidades locales, en el ejercicio de las competencias que les son propias o a instancia del

cónyuge de la víctima, o persona ligada por análoga relación de afectividad, sus descendientes, sus ascendientes y sus colaterales hasta el tercer grado.

La Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conocida por la Ley Zapatero, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, dice que las administraciones públicas establecerán el procedimiento y las condiciones en que los descendientes directos de las víctimas o las entidades que actúen en su nombre puedan recuperar los restos enterrados en las fosas correspondientes, para su identificación y eventual traslado a otro lugar.

La Junta de Andalucía aprobó el pasado mes de marzo realizar una serie de actuaciones en materia de memoria histórica en toda Andalucía. Entre ellas, la indagación, localización y delimitación de fosas comunes en Algeciras y otras localidades de la provincia de Cádiz, como Ubrique y Medina Sidonia. Así lo publicó el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) en su número 55 del 22 de marzo pasado.

El foro espera que pronto veamos en el cementerio de Algeciras al georradar, aparato con que los técnicos realizan las referidas tareas aprobadas por el Gobierno andaluz. Será una buena noticia para estas tres familias algecireñas que quieren recuperar los restos de sus abuelos o tío y también para la salud democrática de toda la sociedad. La memoria es indispensable para la vida de los individuos, también para la de los pueblos.