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Se refiere al Real Decreto-ley 37/2020 aprobado por el Consejo de Ministros en relación a medidas urgentes para hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad social y económica en el ámbito de la vivienda, que introduce nuevas medidas de protección para aquellos hogares vulnerables que se enfrenten a procedimientos de desahucio.
“Exigimos al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de La Línea de la Concepción que no realice dictámenes sin contar con los informes sociales que acreditan la vulnerabilidad de un gran número de familias e instamos a dicho órgano judicial a que reconsidere el recurso de reposición interpuesto por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca”, ha señalado la parlamentaria que recuerda que “este decreto con el objeto de garantizar la eficacia de la medida establece la comunicación del juzgado con los servicios sociales comunitarios competentes para valorar la situación de vulnerabilidad de los inquilinos, y de esta forma evaluar la propuesta de medidas a adoptar”.
Aguilera también ha expresado su satisfacción por la aprobación en el pasado pleno de la Diputación de una proposición presentada por el grupo provincial Adelante Cádiz que “recogía una serie de acuerdos a favor de estas familias que se encuentran en una situación dramática”. Todos los grupos (PSOE, CS, AxSI y 100x100 La Línea) han respaldado que Junta, Gobierno central y Ayuntamiento consigan dar una solución urgente a estos vecinos, con la abstención del PP.
De igual forma, Adelante ha exigido al equipo de gobierno del Ayuntamiento de La Línea a que establezca vías de comunicación con la entidad dueña del inmueble con el objetivo de mediar en tal situación así como plantear la cesión temporal de estos inmuebles a las familias afectadas que hayan justificado su situación socioeconómica en base a los informes de asuntos sociales comunitarios, y así poder permanecer en estas viviendas en régimen de alquiler social.
“Si el próximo 4 de marzo los desahucios se llevan a cabo se confirmará que el Decreto Ley 37/2020 del gobierno de coalición es una farsa y que tanto PSOE como Unidas Podemos aprueban decretos para vender titulares. No valen las políticas de despacho y poltronas que dejan atrás la realidad de la clase trabajadora, y más aún tras las nefastas consecuencias socioeconómicas que está dejando a su paso la pandemia”, ha resaltado la diputada.