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El grupo municipal Adelante San Roque ha señalado que “las administraciones, en vez de corregir las deficiencias de este servicio público contratando más personal para la plantilla, actualizando el sistema informático o haciendo inversiones para mejorar las instalaciones, entre otras cuestiones, han terminado por tomar la peor decisión que es la comarcalización de los juzgados de violencia de género, es decir, centralizar las actuaciones de esta materia de la comarca del campo de Gibraltar en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Algeciras, sin olvidar que el Campo de Gibraltar es una comarca muy amplia a nivel territorial: 1.529 km2, con una población superior a las 250.000 personas y ocho municipios que se encuentran en algunos casos muy distanciados entre sí. Debido a dicha complejidad territorial, hacer que las mujeres tengan que trasladarse a otro municipio para tal cuestión supone claramente dificultar el acceso a las políticas públicas y de protección”.
Además, desde Adelante afirman que “el traslado del juzgado de Violencia de Género de La Línea de la Concepción y San Roque a las dependencias de Algeciras está suponiendo un grave perjuicio a las víctimas ya que no están recibiendo la protección adecuada, tanto por las dificultades para el traslado de muchas mujeres, como el colapso administrativo que se está produciendo. Está claro que estos meses se ha demostrado que la centralización que se ha llevado a cabo es contraproducente; hacen falta más medios y restablecer las competencias en esta materia en los juzgados de La Línea y San Roque”.
De este modo, el grupo municipal propone instar al Ministerio de Justicia a que se lleve a cabo la descentralización del Juzgado de violencia de género ubicado en Algeciras con el fin de que los partidos judiciales del municipio de San Roque y La Línea vuelvan a disponer de las competencias en esta materia y se garantice de esta forma el principio de proximidad a los recursos judiciales de las víctimas, así como instar a la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local de la Junta de Andalucía que dote de medios materiales, personales, así como de las instalaciones oportunas para garantizar el buen funcionamiento de los órganos judiciales de la Comarca.