Así lo ha anunciado hoy la delegada del Gobierno andaluz en Cádiz, Ana Mestre, quien se ha reunido esta mañana con alcaldes y responsables municipales del Campo de Gibraltar, acompañada por la subdelegada del Gobierno andaluz en esta comarca, Eva Pajares, y por el director provincial de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía en Cádiz (AVRA), Ignacio Romaní

En dicho encuentro, la delegada del Gobierno andaluz en la provincia ha destacado el “esfuerzo que se está realizando desde AVRA, agencia que gestiona el parque público residencial de la Junta de Andalucía, para liquidar las cantidades pendientes en cada municipio, que principalmente corresponde al Impuesto de Bienes Inmuebles, entre otras tasas municipales”.

En este sentido, Mestre también ha hecho alusión a las negociaciones que se mantienen con el Servicio Provincial de Recaudación y Gestión Tributaria (SPRGT) de Diputación, que presta sus servicios a un buen número de ayuntamientos, para tratar reducir el pago de intereses y recargos “de manera que el esfuerzo económico que se realice se centre en la deuda principal”, ha explicado.

De los 1,2 millones disponibles y que deberán de librarse antes de final de año, 500.000 euros ya se han abonado y en el presente semestre se destinarán otros 500.000 euros a resarcir parte la deuda pendiente con los ayuntamientos del Campo de Gibraltar, donde se centra el 70% de las cantidades pendientes de abonar en toda la provincia, y principalmente con el de Algeciras, que acumula el 44% de la cuantía global que se adeuda.

“Queremos ser ágiles y diligentes, reconocer la autonomía de los ayuntamientos y facilitar, con nuestras aportaciones, que tengan mayor liquidez y puedan mejorar los servicios públicos que ofrecen, en beneficio de la ciudadanía”, ha manifestado Ana Mestre, quien ha indicado que, al igual que se negocia con Diputación el pago de la deuda, también habrá que llegar a acuerdos puntuales con los ayuntamientos que gestionan directamente sus impuestos.

“Seguiremos trabajando a favor de los ciudadanos y de los ayuntamientos con la máxima lealtad institucional, sin cortapisas y con el compromiso de acabar con la deuda que, aunque la generaron otros, la tiene que asumir el nuevo Gobierno andaluz”, ha añadido Mestre.

Por su parte, Ignacio Romaní ha explicado el esfuerzo y la complejidad que supone el procedimiento para localizar las viviendas que son objeto de pago del IBI por parte de la Administración autonómica “dada la diversas casuística y la cantidad de documentos que hay que cruzar y cribar para evitar pagos duplicados, de inmuebles que no son propiedad de la Administración u otras circunstancias”.

No obstante, según Romaní, “lo importante es que se está poniendo en orden y se está retomando un asunto pendiente desde hace tiempo, una reivindicación histórica de los ayuntamientos que no es otra que encontrar una Administración autonómica cercana que se convierta en el mejor aliado de las corporaciones locales” ha concluido.