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Al mismo tiempo, el sindicato pide que sea personal sanitario exclusivamente el que realice las mencionadas labores, que de ningún modo debe realizar el personal de gestión y servicios, al que no corresponde hacer triaje ni valoración clínica de pacientes.
Así lo ha puesto de manifiesto el sindicato a nivel autonómico, en sendos escritos dirigidos a la directora general de Profesionales del SAS, Pilar Bartolomé, en los que plantea las anomalías que la central sindical ha detectado en las tareas que desarrollan estos colectivos en los servicios de admisión de la mayoría de los centros sanitarios, y que contravienen la normativa. En este sentido, la Central Sindical pide que se deje de asignar este tipo de tareas de filtro de pacientes a estos colectivos de profesionales.
CSIF, que es la primera fuerza sindical multiprofesional del SAS en Andalucía, se refiere en dichos escritos al artículo 16.4 de la Ley 41/2002, de autonomía del paciente, que indica que “El personal de administración y gestión de los centros sanitarios sólo puede acceder a los datos de la historia clínica relacionados con sus propias funciones” y advierte que dicho personal no puede recabar información clínica sobre el estado de salud del paciente. Asimismo, la normativa en vigor especifica que el personal de gestión y servicios ha de desempeñar “funciones de gestión o para el desarrollo de profesiones u oficios que no tengan carácter sanitario” y delimita las funciones del grupo auxiliar administrativo “a las de apoyo material, ejercicio y desarrollo respecto a las tareas administrativas-asistenciales propias”. Y del mismo modo, la legislación actual viene a señalar que los celadores conductores realizarán las funciones propias y colaborarán en las tareas de recepción, información, archivo y registro de los centros de atención primaria de salud.
El responsable de Sanidad de CSIF Cádiz, Alberto Puyana, espera que el SAS subsane este problema a la mayor brevedad posible, ya que esta situación provoca la acumulación de pacientes a la espera de ser atendidos en los centros sanitarios, perjudicando la labor asistencial y el servicio de calidad que la ciudadanía merece.