Dicha Ley es contraria a la Directiva 1999/70/CE, ya que sigue sin trasponer la Directiva Europea, no cumple con la sentencias del TJUE, no recoge sanción alguna para la parte abusadora, no asume indemnizaciones eficaces y no se estabiliza a las personas en abuso, se estabilizan plazas.

En el turno de réplica, a petición de ASEPAT-Cádiz, José Luis Gutiérrez Fernández, como jurista y miembro de CAEPAT (Coordinadora Andaluza de Empleados Públicos en Abuso de Temporalidad), intervino aclarando, entre otros aspectos, que España tiene un proceso abierto por la no transposición de la Directiva Europea, que los fondos europeos tienen el compromiso de que la reducción de temporalidad sea a coste cero, y ya sólo con la indemnización incluida en la Ley 20/2021, supondrá un gasto de miles de millones de euros.

El Comisario Europeo, ya respondió que no resultan válidos, como sanción, procedimientos de futuro no cierto para el empleado.

La mayoría de las intervenciones de europarlamentarios/as, excepto PSOE, apoyaron nuestros argumentos y solicitaron que se mantuviera abierta la Petición.

Finalmente, la Presidenta concluyó que, a la vista de lo dicho en la Comisión Europea y por los grupos, mantiene abierta la petición, quedando a la espera del análisis de la ley, comprometido por la Comisión Europea, consiguiendo así un triunfo para todos los empleados públicos en abuso de temporalidad de España.

Esperamos que, desde Europa, se analice la Ley y obligue a España a cambiarla trasponiendo la Directiva Europea 1999/70.