Las normas aplicadas por el Gobierno para la desescalada implican un distanciamiento social al que no estamos acostumbrados, algo que tendrá especial incidencia en la temporada de playa y la apertura al público de piscinas comunitarias.

La parcelación y límite de aforo de las costas españolas es un hándicap que va influir directamente en la economía de nuestro país, debido al peso específico que tiene el sector turístico.

Muchas familias se verán afectadas por la falta de ingresos que genera especialmente la hostelería, algunos bares y restaurantes no abrirán ya que no les saldrá a cuenta por la falta de clientes.

La nueva normativa también está generando grandes tensiones en las comunidades de vecinos, debido al coste añadido que provoca la contratación de un controlador para garantizar el límite de aforo o la compra de dispensadores de geles limpiamanos y productos desinfectantes.

No debemos caer en la crispación y tenemos que mantener la tranquilidad, para poder analizar con cordura los beneficios de mantener una desescalada ordenada y prevenir así un posible repunte de la pandemia del coronavirus.