A estas alturas ya no sorprende que el argumento de peso que más esgrime  el Consejero Imbroda sea el mal llamado “Derecho de libertad de elección de centro” por parte de las familias, aberración “paraconstitucional” que juega a la confusión con  lo que establece el artículo 27 de la Constitución, que  es que todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza y los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.

Que nadie se llame a engaño: bajo el lema de la libertad de elección lo que este Decreto viene a sancionar es el privilegio de los centros privados concertados en aquellas localidades (no muchas, pero sí las más pobladas) en las que exista al menos uno de estos centros. El ejemplo puesto por el propio Director General de Planificación lo deja bien claro: En una localidad que cuente con cinco centros públicos y uno privado concertado, el criterio de proximidad valdría para los colegios públicos –para los que se mantendría la zona de escolarización– pero no para el concertado, cuya zona de escolarización se extendería en ese caso por todo el municipio. ¿Acaso la libertad es patrimonio exclusivo de las familias que optan por un centro concertado?¿Dónde queda la libertad de elección de tantas familias de las ciudades de Granada (con más de un 60% de plazas escolares concertadas en Infantil, Primaria y Secundaria), Málaga, Cádiz o Sevilla, que se quedan sin plaza en centros públicos de su elección y se ven forzosamente derivados a centros privados concertados si quieren mantener a sus hijos en la zona educativa que les corresponde?

Y de la libertad, a la “demanda”, confirmando que este gobierno apuesta por entender la Educación como un bien de mercado sujeto a la oferta y la demanda, ya que se nos dice que la “demanda social” es un elemento más a la hora de organizar la oferta educativa. Pues bien, esperemos que se tenga en cuenta en aquellos centros públicos que reciben más solicitudes que plazas tienen concedidas, y no sólo para justificar un futuro incremento de los conciertos educativos en pleno descenso demográfico.

En lo que no podemos negarle la razón al Sr. Consejero Imbroda es en su afirmación de que no existe un plan oculto para la concertada, ya que parece claro que este plan es público y notorio, y que se basa en potenciar el modelo de enseñanza privada concertada allí donde atrae el interés de inversores y puede generar pingües beneficios. Las motivaciones íntimas de esta política de favor a la enseñanza privada, no se nos escapa, son tanto ideológicas (es manifiesto el absoluto predominio en Andalucía de centros privados concertados de confesión católica) como económicas, ya que ante la crisis de otros sectores productivos hace tiempo que grandes empresas de capital privado han optado por fijar su objetivos en los servicios públicos: Educación, Sanidad, Asistencia Social,… Para estos sectores se ha legislado, como bien debe saber nuestro Consejero, que llegó al cargo proveniente de una empresa privada dedicada al “negocio” educativo.

Los conciertos educativos con empresas privadas surgieron en su momento ante la imposibilidad de acometer la escolarización obligatoria en la exigua red de centros públicos existentes a comienzos de los 80 del siglo pasado. El peso que estos centros han llegado a tener en la mayoría de las grandes ciudades andaluzas es anormal, y aberrante podría decirse, si comparamos con cualquier país europeo. Pues bien, ahora que vienen tiempos de descenso demográfico, cuando lo lógico sería pensar que se reducirían las unidades escolares concertadas por innecesarias, resulta que nos encontramos con que en los últimos años se han mantenido prácticamente blindadas, mientras los centros públicos han sufrido una reducción drástica de unidades en los niveles inferiores: Educación Infantil y Primaria.

En un reciente estudio, CGT ha alertado de que la excusa del descenso demográfico en Andalucía ya ha servido para iniciar el desmantelamiento de la Escuela Pública  en favor de la enseñanza privada concertada, y no es una novedad achacable en exclusiva al actual gobierno. Recordamos el dato de que entre 2011 y 2018 en Andalucía se eliminaron 654 unidades públicas de Educación Infantil y Primaria, mientras que en el mismo periodo se incrementaron en 923 las unidades en centros privados concertados de los mismos niveles. El futuro que plantea el actual Decreto de Escolarización (las declaraciones del Gobierno andaluz lo confirman) es de profundizar y acelerar este proceso, extendiéndolo, cuando le llegue su momento, al resto de niveles educativos: ESO, Bachillerato y FP. Así se entiende el oscurantismo con el que se maneja por parte del Servicio de Planificación la previsión inicial de unidades escolares previstas para el proceso de escolarización que comienza en breve, dato que, por el momento, seguimos desconociendo oficialmente, pese a haberlo solicitado por registro en todas las Delegaciones Territoriales de Educación.

En definitiva, y como bien ha señalado el Consejero de Presidencia Sr. Bendodo, el Decreto de Escolarización es un paso que marca el camino. Lo que pretende el Gobierno es dar pasos para que más pronto que tarde los padres puedan elegir llevar a sus hijos al colegio que les dé la gana. Este paso se irá potenciando en el futuro.

Pues bien, CGT, fiel a su historia, se compromete a llenar ese camino de barricadas que defiendan a la Escuela Pública andaluza de este feroz ataque que la pone en peligro de extinción en nuestras ciudades. Ahora, más que nunca, la comunidad educativa andaluza debe movilizarse en defensa de una educación pública de calidad, integradora, igualitaria y democrática; y pelear porque reciba la dotación económica y los recursos humanos adecuados para el desarrollo de sus funciones. De lo contrario, nos veremos abocados a un futuro en el que la única libertad de elección de centro en muchas ciudades andaluzas será la de elegir la empresa u orden religiosa que eduque a nuestras hijas e hijos; eso sí, mantenidas con el dinero público.