El Partido Popular ha querido salir al paso través de su Secretario General sobre la última Sentencia que obliga al Ayuntamiento a indemnizar con 100.000€ a un empleado del Consistorio por un caso de acoso laboral. Aunque la Sentencia puede recurrirse, es evidente que es una mala noticia para las arcas del Consistorio, provocado por la forma de proceder del regidor andalucista.

Desde los populares barreños entendemos que un Alcalde debe tener la potestad de organizar su equipo respetando siempre la Ley y sin perjudicar los derechos de los trabajadores. Un buen líder, entre otras cosas, tiene que tener la virtud de rodearse de los mejores y de sacar lo mejor de cada uno, independientemente del pensamiento político de cada uno. Romero vuelve a demostrar que con él al mando no hay medias tintas, lastrando a todo un pueblo por culpa de un actuar no sosegado y meditado.

Por lo que vuelve a dejar patente que el equipo de gobierno han obviado, en aplicación por analogía, la publicación en el BOE el pasado 1 de junio de 2011 de la Resolución de la Secretaría de Estado para la Función Pública, por la que se aprueba y publica el Acuerdo de 6 de abril de 2011 de la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado sobre el Protocolo de actuación frente al acoso laboral en la Administración Generaldel Estado. Desde entonces, mantener a un funcionario sin trabajo u ordenarle tareas inútiles será considerado acoso laboral.

Si bien es cierto que para este tipo de casos no existe jurisprudencia pacífica. Así lo demuestra la Sentencia de la Sección 4ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, poniendo fin al recurso número 277/2011 de fecha 2 de octubre de 2013, que para un caso de similares características, no quedó acreditado por el demandante que el origen de su incapacidad temporal y permanente sea el acoso laboral o mobbing. Podemos prever que este asunto va a seguir dando que hablar.

García afirma “la euforia de ganar las elecciones en el 2011 quizás alimentó la posibilidad de creerse que un Alcalde puede saltarse la Ley y tener la potestad de hacer lo que quiera. 7 años después se ha podido comprobar que existen unas reglas de juego que no se pueden traspasar, provocando otros 100 mil euros de pérdidas sumadas a los 220 millones de euros de deuda, dificultando más aún la situación económica de nuestro Consistorio”.

El Secretario General afirma “los gobiernos socialistas fueron los campeones de la deuda, Romero a día de hoy es el campeón en los juzgados, perdiendo reiteradamente procedimientos que están generando una deuda cuantiosa para todos los barreños”.