La Plataforma de Despedidos del Ayuntamiento de Los Barrios considera que “Jorge Romero no puede permanecer ni un día más en el cargo, tras el desenlace que está teniendo el procedimiento judicial iniciado como consecuencia de los despidos efectuados en febrero de 2012”. “Es inadmisible que un primer edil cuyas decisiones chulescas e irresponsables han causado tan grave perjuicio a las arcas municipales pueda seguir presidiendo el gobierno local”, señalan.

Los representantes de los despedidos del Consistorio barreño hacen estas declaraciones una vez conocido el dictado de una nueva sentencia del Tribunal Supremo, notificada en el curso del día de ayer, jueves, 14 de diciembre, que, como ya se sabía, ratifica la nulidad de las extinciones contractuales llevadas a cabo con 115 trabajadores de la plantilla municipal cuyas plazas fueron amortizadas en febrero de 2012.

Dicha sentencia, que se suma a todas las que desde marzo de 2015 ha venido emitiendo el Alto Tribunal, afecta a un total de 33 empleados, que deberán ser readmitidos en sus puestos y percibir los salarios dejados de cobrar a lo largo de los últimos seis años.

Además, el colectivo anuncia que, cuando todo acabe, podrían emprender acciones judiciales contra Jorge Romero y su grupo político, “para que paguen con su patrimonio el daño provocado a la ya maltrecha economía del Ayuntamiento”.

Hasta la fecha son unos 80 los trabajadores que ya han obtenido una sentencia calificando su despido como nulo, con todo lo que ello implica, y todavía se espera del Tribunal Supremo casi una veintena de resoluciones en el mismo sentido.

La plataforma recuerda que “el cumplimiento de estas sentencias puede suponer para el Ayuntamiento un desembolso de unos 20 millones de euros”.

“El señor Romero tuvo la desfachatez de afirmar el pasado lunes en el pleno de la Corporación barreña que los despidos efectuados en febrero de 2012 van a costar a los ciudadanos de Los Barrios ‘solo unos 11 millones de euros’, como si esa cifra fuera insignificante y no supusiera carga alguna para la institución municipal. Pero la realidad es que el verdadero coste está muy por encima de esa cantidad, porque a la misma han de sumarse los cientos de miles de euros que habrán de pagarse a la Seguridad Social, los varios millones de euros que se han derrochado en las contrataciones de asesoramiento jurídico externo y los 8 o 10 millones gastados en la privatización de los servicios de limpieza, parques y jardines y alumbrado, entre otros”, explican.

“Esta última sentencia, como las anteriores, deja muy claro que la amortización no es causaválida por sí solapara la extinción de la relación laboral de los interinos y los indefinidos no fijos. También deja muy claro que para despedir a este tipo de empleados las administraciones públicas están obligadas a ceñirse a lo previsto en los artículos 49, 51 y 52 del Estatuto de los Trabajadores”, afirman los representantes de la plataforma.